Ante la extensión de la enfermedad, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado una guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus. Dicha guía recuerda que la empresa tiene un deber de protección respecto a la seguridad y la salud de sus trabajadores, con lo que debe adoptar las medidas necesarias para evitar el riesgo de contagio del coronavirus en el ámbito de la empresa.

1.Medidas preventivas frente al coronavirus.

A estos efectos, prevé la adopción de las siguientes medidas preventivas:

  • La organización del trabajo de manera que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, estableciendo normativas dirigidas a reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona.
  • La adopción de medidas específicas para los trabajadores especialmente sensibles.
  • Proporcionar a los trabajadores información sobre medidas higiénicas, entre las que se encuentran lavarse las manos con frecuencia, no compartir objetos, la ventilación del centro de trabajo y la limpieza de superficies y objetos.

En cualquier caso, las empresas deberán poner a disposición de sus trabajadores el material de higiene necesario y adoptar los protocolos de limpieza necesarios para evitar o reducir el riesgo de contagio. Este precepto permitía extinguir el contrato del trabajador mediante un despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, en los siguientes supuestos:

2. Paralización de la actividad empresarial por razón del coronavirus.

La mencionada guía también establece la paralización de la actividad empresarial en tres supuestos:

  • Por decisión de la empresa.
  • Por decisión de los trabajadores o sus representantes legales.
  • Por decisión de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Paralización de la actividad por decisión de la empresa:

En la guía del Ministerio de Trabajo y Economía Social recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestas a un riesgo grave e inminente para su salud con ocasión de su trabajo, la empresa está obligada a:

  • Informar lo antes posible acerca de la existencia de dicho riesgo.
  • Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro inminente e inevitable los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, de ser necesario, abandonar inmediatamente el lugar de trabajo.

Por tanto, en caso de que exista un riesgo de contagio por coronavirus en el centro de trabajo y no sea posible la activación de medidas que permitan el desarrollo de la actividad alternativa, el empresario deberá adoptar las medidas de suspensión temporal de la actividad.

Paralización de la actividad por decisión de los trabajadores:

También se recuerda que el artículo 21.2 de la citada Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que en los supuestos en que la prestación de servicios en el centro de trabajo conlleve un riesgo grave e inminente para la salud, los trabajadores pueden interrumpir su actividad y abandonar el centro de trabajo.

Dicho precepto es perfectamente aplicable al supuesto de riesgo grave e inminente de contagio por coronavirus.

Del mismo modo, también la representación legal de los trabajadores y, en su caso, los delegados de prevención podrán, por decisión mayoritaria, acordar la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por el riesgo grave e inminente de contagio por coronavirus.

Paralización de la actividad por decisión de Inspección de Trabajo y Seguridad Social:

Por último, debe tenerse también presente que el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales otorga a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la facultad de paralizar la actividad empresarial cuando aprecie un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Concepto de riesgo grave e inminente:

En cualquier caso, para la paralización de las actividades empresariales es necesario que exista un riesgo grave e inminente, que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales define como “todo aspecto que resulte probable que se materialice en un futuro inmediato y pueda ser causa de gravedad para la salud de todos los trabajadores del puesto”.

La guía del Ministerio de Trabajo dispone que en el caso de riesgo de contagio por coronavirus, se presumirá la nota de gravedad.

Por otro caso, en cuanto al análisis de la inmediatez del riesgo, se establece que la mera alarma social generada no es suficiente para apreciar la misma, debiendo realizarse una valoración carente de apreciaciones subjetiva, que tenga única y exclusivamente en cuente elementos fácticos que lleven a entender que la continuación de la actividad conlleva un incremento del riesgo de contagio para los trabajadores.

3. Teletrabajo como medida organizativa

La referida guía establece el teletrabajo como posible medida organizativa para reducir el riesgo de contagio por coronavirus.

De esta manera, dice que excepcionalmente el teletrabajo puede adoptarse por acuerdo colectivo o individual para el desarrollo de tareas imprescindibles que, una vez se hayan establecido los ajustes o precauciones sanitarias y preventivas, no puedan desarrollarse en el centro de trabajo habitual.

En todo caso, la decisión de implantar el teletrabajo requerirá:

  • Que se configure como medida de carácter temporal y extraordinaria, que deberá de revertirse cuando dejen de concurrir estas circunstancias excepcionales.
  • Que se respete las disposiciones prevista en la legislación laboral y en el convenio colectivo de aplicación.
  • Que no suponga una reducción de derechos en materia de seguridad y salud o una merma en derechos profesionales en materias como salario, jornada, descansos, etc.
  • Que, en caso de preverse la disponibilidad de medios tecnológicos por parte de los trabajadores, esto no suponga un coste económico para estas.

4. Expedientes de regulación de empleo temporales motivados por el coronavirus.

La guía dispone que, si la empresa tuviese que suspender total o parcialmente  su actividad, ya sea por decisión de las autoridades sanitarias o por los efectos del coronavirus en el desempeño normal de su actividad, podrá acudir al mecanismo previsto en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.

Este precepto establece que la posibilidad del empresario de suspender el contrato de trabajo o reducir la jornada de los trabajadores por las siguientes causas:

  • Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
  • Causas derivadas de fuerza mayor.

De esta manera, la guía presume que existen causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en los siguientes supuestos:

  • Cuando se produzca una escasez o falta de aprovisionamiento de recursos necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial como consecuencia de la afectación del coronavirus en las empresas proveedoras o suministradoras.
  • Cuando se produzca un descenso de la demanda, la imposibilidad de prestar los servicios que constituyen su objeto social o un exceso de productos fabricados, como consecuencia de la disminución de la actividad por parte de las empresas clientes.

Por otro lado, entiende que podrían ser consideradas como causas de fuerza mayor:

  • El registro de índices de absentismo tales que impidan la continuidad de la actividad de la empresa por enfermedad.
  • La adopción de medidas de aislamiento.
  • Las decisiones de las autoridades sanitarias que aconsejen el cierre de las instalaciones.

Para la adopción de dicha medida la empresa deberá seguir el procedimiento establecido en el Real Decreto 1483/2012.

En cualquier caso, debe tenerse presente que la Ley del Sistema Nacional de Protección civil establece que las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia, así como las pérdidas de actividad directamente derivadas de la misma, tienen la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 (suspensión de contratos de trabajo y reducción temporal de la jornada) y 51 (despido colectivo) del Estatuto de los Trabajadores.

En virtud de esta norma, en el supuesto de suspensión de los contratos de trabajo o reducción temporal de la jornada, la Tesorería General de Seguridad Social podrá exonerar a la empresa del abono de las cuotas de Seguridad Social.

Y en el caso de que se produzca la extinción del contrato de trabajo por estos motivos, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del FOGASA con los límites legalmente establecidos.

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